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Corte Suprema presenta nueva política de igualdad de género y no discriminación

Esta semana, la Corte Suprema presentó la nueva “Política de Igualdad de Género y No Discriminación”, que se integra a los ejes fundamentales del máximo tribunal para los próximos años. El documento establece como propósito “promover la incorporación de la igualdad de género y la no discriminación en la atención de usuarios y usuarias  y en el ejercicio de la labor jurisdiccional, con miras a garantizar un efectivo acceso a la justicia a toda la población”, buscando así terminar con discriminación y brechas por género, orientación sexual e identidad de género.

Esta acción de la Corte Suprema responde a distintas obligaciones internacionales que tiene el Estado chileno, como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Atala Riffo, entre otras convenciones suscritas.

Juan Enrique Pi, presidente ejecutivo de Fundación Iguales, afirmó que se trata de “una buena noticia” y espera que la política “se aplique a cabalidad”. El activista agregó que la iniciativa “ deberá tener repercusión en aumentar los índices de cumplimiento del fallo Atala; y si bien estaremos para apoyar al Poder Judicial en su implementación, también estaremos verificando su cumplimiento periódicamente”. En efecto, uno de los mandatos de la CIDH en el fallo comentado por Pi es la formación para todos/as los/as funcionarios/as del Poder Judicial en materia de diversidad sexual, que hoy apenas alcanza el 1,3% de los funcionarios judiciales a cinco años de la condena al Estado chileno.

La nueva política que deberá ser aplicada en todas las jurisdicciones del país, contempla cinco principios rectores que deben ser asegurados por todos los tribunales, tanto para sus miembros como para los usuarios: Igualdad, No Discriminación de Género, Enfoque de Género en el Acceso a la Justicia, No Violencia de Género y Participación e Inclusión.

Los ejes estratégicos del documento recogen distintas labores que debe realizar el Poder Judicial para garantizar el pleno cumplimiento de dicha política, como la contabilización y recolección de datos estadísticos que visibilicen el comportamiento del sistema judicial en casos de violencia contra la mujer, por orientación sexual o identidad de género; el fortalecimiento y ampliación de cursos y talleres de especialización en materia de Derecho Internacional y su aplicación interna; y la creación de protocolos para brindar atención a víctimas de violencia contra mujeres y la comunidad LGBTI.

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