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Matías del Río no sabe nada de política

El pasado domingo 31 de mayo fue la primera emisión de Tolerancia Cero sin Fernando Paulsen, el hasta hace unos días segundo panelista más antiguo del cuarteto dominical. El experiodista de Revista Análisis salió del programa luego del escándalo que desencadenó la salida del Jaime de Aguirre, director ejecutivo de CHV, como consecuencia de la arista Sebastián Piñera del caso SQM.

En dicho episodio, y después de Harold Mayne-Nicholls, participó como entrevistada la diputada comunista Camila Vallejo. La representante por La Florida acudió al programa para conversar sobre movilización y educación, a partir de los hechos ocurridos el jueves 28 en torno a la movilización por la vida, en homenaje a Rodrigo Avilés, internado en el Hospital Carlos van Buren de Valparaíso como consecuencia de la violencia policial.

 Vallejo T0

Quien inició las preguntas a la congresista fue Matías del Río. El periodista introdujo el debate a partir de una intrincada premisa.

«Cómo hacerlo para que los convocantes (a las manifestaciones) busquen una fórmula en conjunto con la sociedad para que no siga pasando esto (los desmanes), porque esto es muy grave para algunas personas. Tú sabrás que hay ciudadanos humildes que se sacan la mugre con un kiosco, con una fuente de soda, un local. (…) Y hay un cierto hastío. Por qué no vemos hastío de parte de los convocantes y que los convocantes sean aliados de la ciudadanía en esto también, no sólo en la educación. (…) ¿Por qué no (se puede marchar pacíficamente)? ¿Por qué le tienen susto de alguna manera, siento yo, de decir las cosas por su nombre?»

¿Cómo? ¿Qué está dando a entender el periodista? ¿Que acaso los estudiantes facilitan los desmanes? ¿Que sería mejor que los estudiantes buscaran formas más, digamos, «discretas» de manifestarse? ¿Que acaso los estudiantes deberían contener las marchas para evitar que proliferen los hechos de violencia y vandalismo? ¿Que hay que limitar la libertad de expresión y la libertad de reunión por algo llamado hastío ciudadano? ¿Que acaso los estudiantes toleran el vandalismo proveniente de otras vertientes de izquierda por una cuestión de complicidad ideológica?

Ilustremos al también conductor de Última Mirada a partir de sus aseveraciones en el programa.

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1. ¿Qué es (o debería ser) una marcha segura?

Quienes convocan a la manifestación están ejerciendo su derecho de expresar un disenso, cuestión propia de un régimen democrático. Y esa expresión debe ser protegida por la fuerza policial, por cuanto la policía es quien debe garantizar la libertad de expresión de una ciudadanía organizada.

Junto con cuidar la seguridad de los manifestantes, la policía también debe cuidar la seguridad en general. Es decir, que el paso del transeúnte doméstico y el de los marchantes sea igualmente custodiado. Eso implica que cualquier elemento que subvierta esa seguridad debe ser neutralizado por la policía, sean exaltados que efectúen manifestaciones de odio (como Giuseppe Briganti) o quienes decidan saquear una farmacia (como ocurrió el jueves 28 de mayo en la noche).

En consecuencia, la marcha no es mala porque ésta habilite la aparición de tales elementos de violencia y vandalismo. El problema está en una acción policial que no se enfoca en contener la violencia ni el vandalismo que surgen tangencialmente a las marchas. Sí. Tangencialmente a las marchas, no como parte de éstas.

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2. ¿De dónde surge la represión policial?

Que la libertad de reunión sea vista con aprensión por parte de la fuerza policial obedece a una doctrina emanada por el Decreto Supremo 1086, firmado por el dictador Augusto Pinochet en septiembre de 1983 que sigue sin ser derogado, aún pasadas tres décadas y 25 años de gobiernos democráticamente elegidos desde su publicación.

Este decreto condiciona la libertad de reunión en el espacio público a un aviso previo ante la autoridad civil, quien puede tener la facultad discrecional de permitir o prohibir dicha expresión (muy democrático todo). Y en particular, este decreto permite que Carabineros disuelva una manifestación si encuentra «palos, bastones, fierros, herramientas, barras metálicas, cadenas y, en general, cualquier elemento de naturaleza semejante». La existencia de esta evidencia al producirse «situaciones de hecho» habilita la disolución de la movilización por parte de la policía. Eso señala el artículo 2°, letra F, de dicho decreto.

Cuando Del Río establece una causalidad entre manifestante y violencia (o vandalismo), sólo avala el supuesto establecido por una doctrina impuesta por Pinochet.

¿Qué quiero decir con esto? Pues bien, cualquier hecho que ocurra fuera del funcionamiento pacífico de la manifestación, pero al mismo tiempo y en un lugar cercano a ésta, puede ser invocado por Carabineros para disolverla. Aunque quienes convoquen la reunión no tengan responsabilidad alguna. Y eso es injusto. Desde esta perspectiva, la violencia y el vandalismo callejero pueden ser incluso funcionales para poner término al derecho de reunión de forma discrecional. Y sin mayor excepción que la ya señalada en el párrafo anterior.

Todo esto por culpa de una doctrina surgida a partir de un decreto emanado en la dictadura cívico-militar.

Entonces, cuando Del Río establece una causalidad entre manifestante y violencia (o vandalismo), sólo avala el supuesto establecido por una doctrina impuesta por Pinochet, naturalizando un hábito de la criminalización de la protesta, pero olvidando preguntarse dos cosas. La primera: ¿cuáles son los fundamentos filosóficos que llevaron a una dictadura a defenderse así de la movilización? La segunda: ¿son acaso esos fundamentos filosóficos compatibles con una democracia soberana respetuosa y de alto estándar?

 carabineros marcha

3. ¿Son pertinentes las premisas de Matías del Río?

Vamos a las preguntas hechas al inicio del artículo.

[¿Los estudiantes facilitan los desmanes?] No. Como señalé anteriormente, el vandalismo ocurre de forma tangencial a la marcha. Eso que en el dialecto periodistés se conoce como «incidentes aislados». Sin ir más lejos, en la misma marcha del pasado jueves 28, los incidentes estaban tan aislados que ocurrían en la vereda de la Alameda opuesta al discurrir de la manifestación, a veinte metros de distancia con respecto a la protesta.

[¿Sería mejor que los estudiantes buscaran formas más, digamos, «discretas» de manifestarse?] Antes de entrevistar a la diputada Vallejo, al iniciar el programa, Matías del Río recordaba su juventud, cuando participaba en las concentraciones contra la dictadura militar, hacia finales de la década de 1980. Pues bien, las concentraciones eran un encapsulamiento de la expresión ciudadana que se permitía al tratarse de una dictadura: era lo más que podía aspirar la oposición a la dictadura para poder expresarse masivamente. No se le puede pedir a un gobierno democrático estándares de civismo tan bajos.

Aunque ya se haya dicho más de una vez, la violencia y el vandalismo son hechos tangenciales y no derivados de la marcha.

[¿Los estudiantes deberían contener las marchas para evitar que proliferen elementos de violencia y vandalismo?] No. Primero, porque no les corresponde, pues están para comunicar un mensaje a través de su movilización. Segundo, aunque ya se haya dicho más de una vez, la violencia y el vandalismo son hechos tangenciales y no derivados de la marcha. Tercero, la contención le corresponde a Carabineros y, si ellos deciden abstenerse de actuar con rigor, la culpa no recae en los manifestantes. De otra forma, se establece una situación de corresponsabilidad entre manifestantes y la fuerza policial, incompatible con el principio de concederle el monopolio del orden público a la policía verde, que además es una policía militarizada.

[¿Que hay que limitar la libertad de expresión y la libertad de reunión por algo llamado hastío ciudadano?] Falacia del falso dilema. No hay que elegir entre las libertades de expresión y de reunión o la seguridad ciudadana como si fueran dos cuestiones separadas. Primero, porque la seguridad de una marcha (muestra de las libertades de expresión y de reunión) también es una forma de seguridad ciudadana y soslayarlo implica suponer que una protesta es ajena a la seguridad ciudadana y un elemento potencialmente criminal: menuda microagresión. Segundo, porque el hastío ciudadano proviene de la negligencia policial en saber separar la violencia y el vandalismo de la movilización pacífica. ¿Por qué? Porque, como señalé anteriormente, los manifestantes no son corresponsables del orden público en estas situaciones.

La seguridad de una marcha también es una forma de seguridad ciudadana. Soslayarlo implica suponer que una protesta es ajena a la seguridad ciudadana y un elemento potencialmente criminal.

[¿Que acaso los estudiantes toleran el vandalismo proveniente de otras vertientes de izquierda por una cuestión de complicidad ideológica?] Esto es más delicado, pues no se trata de una cuestión de tolerancia hacia la violencia, sino de una cuestión cultural, de memoria histórica. ¿Por qué? Porque entre los adherentes a distintas corrientes de izquierda resulta sumamente mal visto delatar ante una fuerza militar o de orden a una persona por actos proclamados como ideológicos, aunque éstos se traten de saqueos, roturas de semáforos o desmanes callejeros. El cuadro de entregar a otra persona a la violencia policial resulta violento simbólicamente. Para la memoria del adherente y del militante de izquierdas, las capturas por sapeo son una reencarnación de la represión ocurrida durante la dictadura cívico-militar.

 Masiva movilización estudiantil

4. ¿Manifesta…¿qué?

Ningún estudiante, así como ningún manifestante, debería negociar los términos de su libertad de expresión. Tampoco los términos de su libertad de reunión. Ello lleva al gobierno a la incómoda tarea de admitir que ha sido obsecuente con la puesta en práctica de un decreto de seguridad sancionado en 1983, en tiempos de persecución ideológica.

Aparte de la obligación del Estado de modificar sus reglamentos para permitir un derecho a protesta ajustados a los estándares de una democracia más plural y soberana, Matías del Río debería comprender que la liviandad de sus asertos implican cuestiones bastante reñidas con una vida cívica sana. De partida, ignora las garantías de los ciudadanos que quieran manifestarse, cuestionando el derecho de reunión. Además, les pide a los manifestantes suplir la tarea de orden público que monopolizan las policías, en caso de que ésta se vea sobrepasada, soslayando incluso la cualidad militarizada de la policía. Para peor, estima que los hechos de violencia y vandalismo ocurren como parte de la marcha y no como hechos tangenciales a ésta, responsabilizando a los organizadores de cuestiones que escapan a sus competencias. Y finalmente, remata con su ignorancia en torno al tipo de reglamentación que permite la protesta en Chile, una legislación bastante restrictiva, la cual habilita arbitrariedades por parte de Carabineros.

Matías del Río debería comprender que la liviandad de sus asertos implican cuestiones bastante reñidas con una vida cívica sana.

En fin. Todo esto se lo dijo a Camila Vallejo, figura referencial del movimiento estudiantil de 2011, actualmente convertida en diputada, figura que proyectó un liderazgo nacional a partir de la movilización. Toda su premisa la espetó a la diputada sin cuestionar la lógica que pudieran tener sus creencias arraigadas.

Lo mínimo que se le pide a un periodista es estar informado. Y a un periodista político, lo mínimo que se le puede pedir es estar informado de política, así como del espacio cívico en el cual ésta se desenvuelve. Al ignorar los contextos sobre los cuales asienta su afirmación, Matías del Río demuestra no saber nada de política.

del rio matias

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